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Apertura de datos públicos: La transparencia necesaria

Pablo Priesca, director de CTIC, en la Tribuna sobre Administraciones Públicas en El Mundo (19/12/2011)

La carencia de una Ley de Transparencia sólo contribuye al mantenimiento del flujo de información especulativa al que nos tiene acostumbrado el poder

La apertura de datos públicos es un movimiento mundial imparable. La cuestión es la velocidad a la que las administraciones públicas se van incorporando al mismo.

En el ámbito europeo, la UE acaba de anunciar la elaboración de la directiva que será aprobada en 2013 que obligará a los gobiernos a abrir sus datos públicos a terceros, no sólo con el objetivo de la transparencia sino también como una forma de ahorrar dinero público por la reutilización de datos de otras administraciones y la posibilidad de que el mercado de los reutilizadores genere nuevos negocios y servicios con su uso. Además, la directiva pondrá especial énfasis en el uso intensivo de formatos estándar procesables por máquinas, lo que favorecerá la reutilización de los datos.

El Reino Unido, uno de los países líderes del ‘Open Data’, ha anunciado hace unos días la creación (10 millones de libras esterlinas) del Open Data Institute que pretende ser una referencia mundial de la tecnología aplicada a la apertura de datos y que contará con la implicación directa de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.

En España, el Real Decreto que instrumentaliza la Ley 37/2007 es un avance importante pero no suficiente, al introducir aspectos que acelerarán el compromiso de la administración pública con la apertura de datos. El texto precisa las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público estatal, solo estatal, para promover la reutilización.

Lo que no dice el RD es para qué tipología de datos son prioritarios para su apertura, lo que supone una traba de cara a incrementar la transparencia. La legislación española (incluyendo la Ley 37/2007) continua siendo parca ya que deja fuera del ámbito de aplicación muchísima información reutilizable como por ejemplo publicaciones científicas procedentes de proyectos financiados con fondos públicos, archivos culturales, museísticos, etc (aspectos que sí recogerá la directiva europea).

Se sigue hablando de documentos y no de datos, cuando el interés máximo lo generan los datos en crudo y desagregados. Esto simplemente genera ‘linkodromos’ de documentos y devalúa el potencial de la reutilización.

El impacto económico de la apertura de datos en Europa se estima en 140.000 millones de euros, según los datos de la CE, pero no debemos olvidar que el sector reutilizador está dormido. Prueba de ello es que las distintas iniciativas de apertura de datos puestas en marcha tienen escasa demanda por parte de los reutilizadores. Apenas se solicita la publicación de nuevos conjuntos de datos y los que están publicados tienen poco o escaso interés para ellos. Es necesario estimular la reutilización.

Las políticas de apertura son necesarias pero no suficientes. Es hora de optimizar esfuerzos. Se está caminado en el proceso de apertura pero la velocidad es lenta. Es fundamental e imprescindible dotar a nuestra legislación de una Ley de Transparencia que complemente el proceso iniciado de apertura de datos, que contribuya a la dignificación de la actividad pública y la eficiencia/eficacia en la gestión de las administraciones, que fomente la participación ciudadana y que permita la evaluación de las políticas públicas por parte de los ciudadanos en base a información pública objetiva.

La carencia de una Ley de Transparencia sólo contribuye al mantenimiento del flujo de información especulativa al que nos tiene acostumbrado el poder público en nuestro país. Los partidos políticos que no han sido capaces de llevar al Parlamento una buena ley de Transparencia continúan bajo la vieja premisa de que quien maneja la información maneja el poder.

Y no es de extrañar, cuando los procesos democráticos en el seno de los propios partidos está lejos de ser transparentes y participativos. Cada vez tiene menos sentido continuar manteniendo esos parámetros basados en la especulación con la información, cuando la información objetiva, veraz y adecuadamente combinada aporta mayores beneficios a la sociedad o acaso se cuestiona el poder de la Red como instrumento de socialización global.

Afortunadamente, algunas comunidades autónomas están dando pasos positivos hacia políticas de Gobierno Abierto, entre otras es de destacar el caso del Gobierno Vasco con la iniciativa combinada de apertura de datos y participación ciudadana, Irekia; o el caso de Navarra que precisamente estos días ha sometido a consulta su anteproyecto de Ley de Transparencia, un documento que apunta maneras y que sin duda será un referente para la futura Ley estatal, que llega tarde.

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